El sector de la discapacidad reclama la aprobación inmediata del Reglamento que tiene que desplegar la Ley de Accesibilidad

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• El COCARMI se reúne con el consejero El Homrani para abordar las prioridades de las personas con discapacidad intelectual y sus familias.

• Los dos años de retraso para aprobarlo impide el pleno ejercicio de derechos de las personas con discapacidad.

El Comité Catalán de Representantes de Personas con Discapacidad (COCARMI), principal movimiento de defensa de los derechos del colectivo en Cataluña que agrupa casi 700 entidades sociales, en la cual Dincat forma parte, ha pedido esta tarde al consejero de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias de la Generalitat, Chakir el Homrani, la aprobación inmediata del Reglamento que ha de desplegar la Ley de Accesibilidad.

A pesar de que la Ley de Accesibilidad de 2014 preveía que se tenía que disponer del correspondiente reglamento como muy tarde dos años después, es decir, en octubre de 2016, a fecha de hoy aún no hay previsión de cuando se aprobará. El decreto es la clave para avanzar hacia una sociedad más inclusiva, ya que por primera vez había de contemplar medidas de accesibilidad en la comunicación y cognitivas. Además, la accesibilidad en bienes, productos y servicios es un requisito imprescindible para el ejercicio de cualquier otro derecho: educación, salud, ocupación, cultura...

Por otro lado, por tal de garantizar la perspectiva de la discapacidad en todas las políticas del Gobierno, y con voluntad de colaborar en la construcción de políticas sociales más inclusivas, el comité ha pedido la retomar las reuniones del Consejo de la Discapacidad de Cataluña (CODISCAT). Un órgano pensado para asesorar al Gobierno en aquellas cuestiones que afectan directamente a más de 550.000 personas, con una consulta previa antes de impulsar cualquier medida gubernamental.

En relación a la inserción laboral de las personas con discapacidad, el comité ha pedido que se dote con más recursos los programas que favorecen la inserción a la empresa ordinaria y que se garantice la continuidad de estos servicios de inserción. Así mismo, en relación a los Centros Especiales de Empleo, se ha pedido el cumplimiento de la moción 131/XI aprobada en el Parlamento de Cataluña, que instaba al Gobierno a garantizar el 50% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a todos los trabajadores con discapacidad de los Centros Especiales de Empleo de Cataluña, y el 75% de (SMI) para el colectivo con especiales dificultades, entre otras cuestiones.

Por otro lado, se ha puesto como relieve la necesidad de adaptar la legislación vigente a los principios y mandatos de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, pendiente diez años después de su entrada en vigor.

Finalmente, en la reunión se ha instado a avanzar en la regulación del concierto social y ocupacional, ya que el actual modelo de prestación de servicios al colectivo depende principalmente de las mismas entidades. Por eso, hace falta dar estabilidad a estos servicios y adecuarlos a las nuevas necesidades y realidades, revisando la cartera de servicios sociales, aumentando el nombre de plazas diurnas y residenciales y ganando en flexibilidad.

Opinión del lector