El pleno del Congreso aprobó, el pasado 21 de julio, la Ley de modernización del sistema de la Seguridad Social, que modifica algunos aspectos importantes de la jubilación y la cotización laboral, entre ellos, la aprobación de la jubilación anticipada para personas con discapacidad. Esta reforma incorpora, pues, una novedad importante para las personas con un grado de discapacidad intelectual igual o superior al 45%, ya que en este caso se adelanta en dos años la edad mínima de jubilación, pasando de 58 a 56 años.

Por otro lado, la norma también rebaja el período del cómputo de la cotización de 30 a 25 años, y además permitirá a los trabajadores con discapacidad acceder a su pensión aunque no llegue el período de cotización mínimo (mediante la cotización directa o contributiva los años que le restan para alcanzar).

Por todo ello, la Asociación FEAPS para el Empleo (AFEM) reconoció que esta Ley "plantea avances significativos en los derechos de las personas con discapacidad intelectual, e incrementa su grado de protección social, al reconocer la situación particular de este colectivo en el ámbito del empleo, con un envejecimiento prematuro y un consecuente deterioro de su vida laboral".

Este colectivo de personas está siendo especialmente castigado por el paro, que alcanza tasas superiores al 60% de la población con discapacidad intelectual en edad de trabajar, lo que triplica la tasa de desempleo de la población sin discapacidad. Los Centros Especiales de Trabajo son la principal vía de empleo para las personas con discapacidad intelectual, y 39.332 personas contratadas por estos centros el año 2010. De estas personas, un total de 5.652 son mayores de 54 años (3513 hombres y 2139 mujeres).